Rivarés ha explicado que este requerimiento contra la resolución del Ministerio Hacienda es una medida previa a la interposición del recurso contencioso-administrativo por la "absurda imputación de la deuda del tranvía de 189 millones que no corresponde al Ayuntamiento".
En rueda de prensa, ha explicado que cuando una administración denuncia a otra la legislación exige presentar un requerimiento de aviso explicativo y un mes después si la administración demandada no contesta, o contesta de forma no satisfactoria, se interpone ante la Audiencia el contencioso-administrativo.
En el escrito, de 17 folios, constan cuatro pasos. En el primero se pide anular la decisión del 6 de marzo en la que se acuerda imputar la deuda "que no es del Ayuntamiento"; luego se solicita suspender el acto administrativo; que todas las acciones que haya generado en planes de saneamiento se retrotraigan y deje sin efecto la comunicación cursada; y el último se detalla que es un paso previo a la interposición del contencioso-administrativo, "que se pondrá en el plazo de un mes si no se responde de forma satisfactoria en el plazo", ha dejado claro Rivarés.
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